Se espera que cada Estado miembro designe una o varias autoridades competentes responsables de la aplicación, incluidas las inspecciones, las sanciones y los procedimientos judiciales. Los Estados miembros tienen entonces la opción de definir estos mecanismos dentro de su legislación de protección de los consumidores.
En Italia, la autoridad competente en materia de comunicaciones comerciales desleales es la AGCOM, pero la jurisprudencia ordinaria también se ha pronunciado en el pasado sobre casos de «lavado verde».
Última modificación el 14/10/2024